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a crisis por la pandemia de covid-19 y sus efectos económicos dan lugar a que los inversionistas y demás partes interesadas necesiten información financiera de alta calidad más que nunca. Para tal fin, las firmas contables, los entes de reglamentación, las organizaciones miembros de la IFAC y demás han puesto rápidamente a disposición consejos y guías sobre las exigencias en cuanto a contabilidad e información financiera, que se deberán tener en cuenta a la hora de afrontar los efectos financieros del covid-19 cuando se elaboren estados financieros. Muchas de estas fuentes de información están disponibles cómodamente en el centro de información sobre el covid-19 de la IFAC.

Para ayudar a unificar lo más destacado de esta guía, a continuación aparece un resumen de aspectos clave por tener presentes, junto con enlaces a fuentes importantes en la página web de la IFAC.

Habrá asuntos por tener en cuenta para la entrega de información de este año, así como en años próximos. Es posible que algunas empresas informen por primera vez de efectos financieros en estados financieros parciales (de conformidad con la NIC 34 — Información Financiera Parcial), lo cual implicará probablemente un mayor uso de las estimaciones contables. Sin embargo, la información debe ser fiable y toda la información financiera importante pertinente para tener una noción de la situación financiera o el desempeño de la empresa debería entregarse de forma adecuada.

También podría haber diferencias en los enfoques, lo cual depende de si los estados financieros se elaboran utilizando las NIIF o unos PCGA nacionales.

¿Cómo deberían evaluar las empresas los hechos relacionados con el covid-19 ocurridos después del periodo sobre el que se informa?

La NIC 10 – Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa contiene disposiciones obligatorias para cuando los hechos ocurridos que implican ajuste (aquellos que suministran pruebas de las condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa) y los hechos ocurridos que no implican ajuste (aquellos que son indicio de condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se informa) tengan que reflejarse en los estados financieros. Los montos que se registran en los estados financieros se ajustan de manera que reflejen los hechos ocurridos que implican ajuste, pero solamente se exige información a revelar en caso de hechos ocurridos que no implican ajuste y que tienen importancia relativa.

Se requiere de criterio a la hora de establecer si los hechos que tuvieron lugar después del periodo sobre el que se informa son hechos ocurridos que implican o no implican ajuste. Esto dependerá mucho de la fecha de entrega de información y de los hechos y circunstancias específicas de las operaciones y de la cadena de valor de cada empresa. Es posible que la gerencia necesite revisar y actualizar continuamente las evaluaciones hasta la fecha en que se expide los estados financieros dada la índole variable de la crisis y la incertidumbre que hay en medio.

Con respecto a los periodos sobre los que se informa y que terminan el 31 de diciembre de 2019 o antes, hay un consenso general en el sentido de que los efectos del brote del covid-19 son el resultado de los hechos ocurridos después de la fecha de información (por ejemplo, en Reino Unido, el FRC (Consejo de Información Financiera, por sus siglas en inglés) ha afirmado que el covid-19 en 2020 fue un hecho ocurrido que no implica ajuste para la gran mayoría de las empresas de Reino Unido que elaboran estados financieros correspondientes a períodos terminados el 31 de diciembre de 2019). En lo que respecta a fechas de entrega de información posteriores (por ejemplo, fin de año fiscal en febrero o marzo de 2020), es probable que sea un hecho de un periodo actual el que requiera de una evaluación continua con el fin de establecer la medida en que las novedades ocurridas después de la fecha de entrega de información deberían registrarse en el periodo sobre el que se informa.

Si la gerencia concluye que el impacto de los hechos ocurridos que no implican ajuste tiene importancia relativa, a la empresa se le exige informar sobre la índole del hecho y una estimación sobre su efecto financiero. Si no se puede estimar cuantitativamente de manera confiable, aún tiene que haber una entrega de información cualitativa, que incluya una declaración en el sentido de que no es posible calcular el efecto. Entre los ejemplos de hechos ocurridos que no implican ajuste y que normalmente se informarían en los estados financieros, se incluyen los incumplimientos con los convenios de los préstamos, los planes de la gerencia de suspender una operación o de implementar una reestructuración importante, caídas significativas en el valor razonable de las inversiones que se poseen y cambios anormalmente grandes en los precios de los activos, después del periodo sobre el que se informa.

¿Cómo deberían las empresas evaluar un negocio en marcha?

La NIC 1 – Presentación de Estados Financieros exige que la gerencia evalúe la capacidad que tiene una empresa de seguir siendo un negocio en marcha. La evaluación de un negocio en marcha tiene que realizarse hasta la fecha en que se expide los estados financieros. La evaluación se relaciona con, por lo menos, los primeros doce meses después de la fecha del balance general o después de la fecha en que se firmen los estados financieros, pero es posible que el espacio de tiempo se tenga que prolongar.

Las dudas significativas que pongan, considerablemente, en tela de juicio la capacidad que tenga una empresa para funcionar conforme al concepto de negocio en marcha tienen que informarse en los estados financieros. Es bastante probable que muchas empresas, grandes y pequeñas y de ciertos sectores especialmente, tengan problemas relacionados con la situación actual que la gerencia tenga que analizar. Habrá una amplia gama de factores por tener en cuenta en los criterios sobre negocios en marcha y pronósticos financieros, tales como las prohibiciones de viajes, las restricciones, la asistencia gubernamental y las posibles fuentes de financiación de reemplazo, la salud financiera de los proveedores y los clientes y su efecto en la rentabilidad esperada y otros importantes índices de desempeño financiero que incluyen información que muestra si habrá liquidez suficiente para seguir cumpliendo con las obligaciones cuando llegue el momento de cumplir con ellas.

Dada la considerable incertidumbre, la información a revelar debería incluir aquellos criterios y suposiciones significativas que se aplican a la hora de efectuar evaluaciones de negocios en marcha. Es probable que las evaluaciones tengan que incluir diferentes situaciones hipotéticas con varias suposiciones que se pueden actualizar con el fin de tener en cuenta la índole cambiante de las situaciones de incertidumbre.

La gerencia debería evaluar los efectos actuales y previstos que el covid-19 tiene en las actividades de la empresa y si es adecuado el uso del concepto de negocio en marcha. Si se decide ya sea liquidar o bien dejar de comerciar o si la empresa no tiene otra alternativa ajustada a la realidad que la de liquidar, ya no es un negocio en marcha y es posible que los estados financieros se tengan que elaborar conforme a otro principio, como el de la liquidación.

¿Cuáles son los otros efectos, por evaluar, significativos en la contabilidad y presentación de informes?

Durante todo 2020, las empresas tendrán que revisar todos los aspectos de las cuentas que están sujetas a incertidumbre en la estimación y criterio. El uso de información de pronósticos es generalizado a la hora de evaluar una gama de efectos además del negocio en marcha, tales como el deterioro del valor de activos financieros y no financieros, las pérdidas crediticias esperadas y la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos.

Mediciones del valor razonable (NIIF 13 – Medición del Valor Razonable)

Un cambio en la medición del valor razonable afecta la información a revelar que la NIIF 13 exige, la cual exige que las empresas informen de las técnicas de valoración y los datos de entrada utilizados en la medición del valor razonable, así como el grado de sensibilidad de la valoración a los cambios en las suposiciones. La información a revelar se necesita con el fin de permitirles a los usuarios entender si se ha tenido en cuenta el covid-19 a efectos de medición del valor razonable. Una pregunta clave es qué condiciones y las correspondientes suposiciones eran conocidas o conocibles para los participantes del mercado en la fecha de entrega de información.

Para 2020, las mediciones del valor razonable, especialmente de instrumentos financieros y propiedades de inversión, tendrán que revisarse para garantizar que los valores reflejen las condiciones presentes en la fecha del balance general. Esto implicará una medición con base en factores inobservables que reflejan la manera en que los participantes del mercado considerarían el efecto del covid-19 en sus previsiones de flujos de efectivo futuros relacionados con el activo o pasivo en la fecha de entrega de información.

Durante el entorno actual, la volatilidad de los precios sobre diferentes mercados también ha incrementado. Eso afecta la medición del valor razonable ya sea directamente —si el valor razonable se establece con base en los precios de mercado (por ejemplo, en caso de acciones o títulos de deuda transados en un mercado activo)— o bien indirectamente —por ejemplo, si una técnica de valoración se basa en datos de entrada que se obtienen de mercados volátiles—. Por consiguiente, se necesitará especial atención a la formulación de pronósticos de precios de las materias primas, que se utiliza a la hora de llegar a conclusiones sobre valor razonable.

Deterioro del valor de los activos no financieros sujeto a las disposiciones obligatorias de la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos. Además, entre otras normas pertinentes por tener en cuenta para las estimaciones de la gerencia, se incluye la NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo, la NIIF 16, Arrendamientos y la NIC 37, Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes

La NIC 36 garantiza que los activos de la empresa se contabilicen en libros a un valor que no sea más que su valor recuperable (la cantidad mayor entre el resultado del valor razonable menos los costos de enajenación y el valor en uso) y les exige a las empresas llevar a cabo pruebas de deterioro del valor cuando hay un indicio de deterioro del valor de un activo en la fecha de entrega de información. Entre los indicios de deterioro del valor, se incluyen los cambios significativos con un impacto negativo en la empresa que han tenido lugar durante el periodo sobre el que se informa o tendrán lugar pronto dentro del entorno económico o de mercado en el cual la empresa funciona.

El abanico de los activos sujetos a las disposiciones que aparecen en la NIC 36 es amplio. Incluye propiedades, planta y equipo (registrados a precio de costo o monto revaluado), activos intangibles (registrados a precio de costo o monto revaluado), reputación, activos con derecho de uso (si quedan registrados a precio de costo), propiedades de inversión (si quedan registradas a precio de costo), activos biológicos (si quedan registrados a precio de costo) e inversiones en asociadas y negocios conjuntos contabilizadas utilizando el método de participación patrimonial.

Las empresas tendrán que evaluar si el impacto del covid-19 posiblemente ha traído consigo un deterioro del valor de los activos. Para la mayoría de las empresas, es probable que los efectos económicos desencadenen la realización de pruebas de deterioro del valor de los activos duraderos y demás grupos de activos. Es probable que a las estimaciones de los flujos de efectivo futuros y las ganancias las afecten significativamente los impactos directos e indirectos. El deterioro del valor de los activos también podría reducir el monto de los pasivos por impuestos diferidos y crear más deducibles. La identificación y evaluación continuas y la nueva evaluación son esenciales para entender el alcance de la necesidad de un registro contable y de qué periodos.

La valoración de inventarios está sujeta a la NIC 2 – Inventarios y los inventarios se miden al valor más bajo entre su costo y su valor neto realizable (VNR). En el entorno actual, es probable que el cálculo del valor neto realizable requiera de métodos o suposiciones más detalladas (por ejemplo, es posible que las empresas necesiten depreciar existencias debido a la menor cantidad de ventas). Las pérdidas temporales por deterioro del valor de inventarios deberían reflejarse en el periodo de entrega de información parcial en el cual se presentan, teniendo en cuenta que las recuperaciones posteriores se registren como ganancias en períodos futuros.

Medir las evaluaciones de pérdidas crediticias esperadas conforme a la NIIF 9 – Instrumentos Financieros

El impacto del covid-19 en el riesgo de crédito será más grave e inmediato en diversos sectores. El IASB (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, por sus siglas en inglés) ha publicado un documento que da respuesta a preguntas relacionadas con la aplicación de la NIIF 9, la cual les exige a las empresas incorporar aquella información sobre hechos pasados, a que haya lugar y que se pueda sustentar, condiciones actuales y el pronóstico de las condiciones económicas futuras, dentro de la evaluación de las pérdidas crediticias esperadas correspondientes a activos financieros no medidos a valor razonable en pérdidas o ganancias. Tal evaluación debería basarse en información en la fecha de entrega de información y ajustarse para la información disponible posterior.

El mayor riesgo de crédito que los bancos y los prestamistas enfrentan se relaciona con los grados de exposición a aquellos prestatarios en sectores bastante afectados. Las provisiones se tienen que calcular con base en la pérdida crediticia esperada durante toda la vida útil que queda de un instrumento financiero, por ejemplo, créditos a prestatarios cuyo riesgo de crédito ha aumentado significativamente desde el proceso de apertura de crédito.

Algunos entes de reglamentación, tales como la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), están publicando guías para ayudar a garantizar que las empresas entreguen una representación fiel de las pérdidas crediticias esperadas y apliquen la NIIF 9 de manera coherente. La medición de las pérdidas crediticias esperadas es procedente para aquellas empresas que pertenecen a industrias distintas a los servicios financieros, pero están disponibles algunas consideraciones específicas y guías sobre pérdidas crediticias esperadas para prestamistas y bancos.

La pérdida crediticia esperada es un monto ponderado de probabilidad que se calcula evaluando un abanico de resultados posibles. La información a revelar cualitativa y cuantitativa les permite a los usuarios de los estados financieros entender el efecto del riesgo de crédito sobre la cantidad, el tiempo y la incertidumbre de los futuros flujos de efectivo. Esto incluye el fundamento de los datos de entrada y el uso de suposiciones y técnicas de estimación.

Contabilidad de coberturas: cuando una empresa aplica la contabilidad de coberturas como parte de su estrategia de gestión de riesgos conforme a la NIIF 9 – Instrumentos Financieros

Es posible que el covid-19 reduzca la probabilidad de que se presente una transacción pronosticada con cobertura o afecta el tiempo en que se presenta. Por consiguiente, cabe la posibilidad de que los criterios de contabilidad de coberturas, los cuales aparecen en normas de información financiera aplicables, ya no se satisfagan, por ejemplo, si un activo financiero con cobertura queda con deterioro crediticio.

Si ya no es muy probable que una transacción pronosticada con cobertura se presente, la contabilidad de coberturas se suspende y las pérdidas o ganancias acumuladas relacionadas con el instrumento de cobertura se tienen que clasificar en otra categoría como pérdidas o ganancias. Entre las partidas con cobertura dentro de una cobertura de flujos de caja que podría quedar afectada debido al covid-19, se incluyen las siguientes: Volúmenes de compra o venta que caen por debajo de los niveles originalmente pronosticados, colocaciones de deudas planeadas que se retrasan o se cancelan de manera tal que los pagos de intereses caen por debajo de los niveles originalmente pronosticados, adquisiciones o enajenaciones de negocios que se retrasan o se cancelan.

También se podría necesitar de información a revelar adicional. Por ejemplo, la NIIF 7 – Instrumentos Financieros: Información a Revelar exige información a revelar sobre moras e incumplimientos en los préstamos por pagar, sobre las pérdidas y ganancias que surgen de la anulación contable o modificación y sobre cualquier cambio de categoría de la reserva de cobertura de flujos de efectivo que resulte de los flujos de efectivo futuros con cobertura que ya no se espera que se presenten. La información a revelar incluye datos cuantitativos, por ejemplo, sobre riesgo de liquidez, e información a revelar narrativa, por ejemplo, cómo se está gestionando el riesgo.

Otras consideraciones

Otras consideraciones sobre contabilidad y presentación de informes de las cuales se debe tomar nota se abordan en las fuentes que aparecen a continuación y, entre ellas, se incluyen el registro contable del ingreso ordinario y la modificación contractual relacionada con la contraprestación variable (con un enlace a la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes). Aunque el ingreso ordinario se contabiliza cuando se produce, también podría haber un impacto en las suposiciones que la gerencia hace a la hora de medir el ingreso ordinario proveniente de los bienes o servicios que ya se han suministrado o prestado. Por ejemplo, una demanda reducida podría traer consigo un aumento de los beneficios previstos, más reducciones de precios, menores descuentos por volumen, sanciones por entregas tardías o una reducción en los precios que un cliente puede obtener. Una empresa también podría modificar sus derechos u obligaciones exigibles conforme a un contrato con un cliente, tales como el hecho de otorgar una reducción de precios en la cual sea necesario analizar si la reducción se debe a la resolución de la variabilidad que existía al inicio del contrato o una modificación que cambia los derechos y obligaciones de las partes.

Fuentes de consulta clave disponibles en la página web sobre el covid-19 de la IFAC

 

 

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Stathis Gould

Director, Member Engagement and PAIB

Stathis Gould is responsible for IFAC member engagement and leads IFAC’s advocacy for professional accountants working in business (PAIB) and the public sector. A key element of his work is developing thought leadership and guidance in support of enhancing the recognition of and confidence in professional accountants as CFOs, business leaders, and value partners in the context of sustainability/ESG, data and digital transformation, and other emerging business trends and issues.

Before joining IFAC, Stathis worked at the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), where he was responsible for planning and overseeing a program of policy and research that promoted and developed management accountancy. Prior to serving the accountancy profession, he worked in various roles in the private and public sectors in the UK. There, Stathis delivered financial and performance management in the National Health Service and worked for a technology company responsible for delivering the localization of software and content across the globe.

Stathis holds a BA in European Business Studies, an MBA (with distinction), and a postgraduate certificate in Environmental Management, Economics, and Policy. He is a member of the Institute of Management Accountants.

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Christopher Arnold

Director

Christopher Arnold is a Director at the International Federation of Accountants (IFAC). He leads activities on contributing to and promoting the development, adoption and implementation of high-quality international standards, including the Member Compliance Program, Intellectual Property and Translations. Christopher is also responsible for IFAC’s SME (small- and medium-sized entities), SMP (small- and medium-sized practices) and research initiatives, which include developing thought leadership, public policy and advocacy. He was previously an Audit Manager for Deloitte and qualified as a professional accountant in a mid-tier accountancy practice in London (now called PKF-Littlejohn LLP). Christopher started his career as a Small Business Policy Adviser at the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).